Los linchamientos, lamentable práctica que poco a poco cobra más fuerza en México. El último caso registrado ocurrió el 26 de octubre

Los linchamientos, lamentable práctica que poco a poco cobra más fuerza en México. El último caso registrado ocurrió el 26 de octubre

Alarma Aumento de Linchamientos Populares

*Alarma Aumento de Linchamientos Populares

*No a Bajar Recursos de Iniciativa Mérida; PAN-Senadores a Ejecutivo

Política Al Margen. Por: Jaime Arizmendi

Argonmexico / Fuenteovejuna ¿un pretexto? Los linchamientos, lamentable práctica que poco a poco cobra más fuerza en México. El último caso registrado ocurrió el 26 de octubre pasado en el municipio de Amecameca, Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar a dos hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.

El estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), denuncia que en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 linchamientos en diversas entidades del país, lamentables sucesos que se registran con énfasis en la región centro-sur de México.

Al 26 de octubre pasado, el último conteo es de 428 casos. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos. Raúl Rodríguez Guillén, del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, autor del estudio, destaca que en las últimas tres décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se traduce en violencia política y social que crece día con día.

Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que se tiene desde la sociedad respecto a las fuerzas policiacas; autoridades políticas, jueces y ministerios públicos; lo cual propicia que las personas tomen justicia por su propia mano.

Resulta innegable que desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como autodefensas, guardias comunitarias, vigilantismo y linchamientos; fenómenos que surgen por una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

“El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, o sea son muy rápidos, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos”, acude el profesor Rodríguez Guillén.

Los linchamientos no son un fenómeno nuevo. Han existido en diferentes etapas de la vida social de México y América Latina, pero ahora, por sus características y contexto, adquieren un carácter novedoso. Ante la incapacidad de autoridades de resolver la violencia e inseguridad públicas, sobresale la acción colectiva y la violencia social de grupos heterogéneos que pretenden restituir el orden social en sus barrios y comunidades.

Ante ello, el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, pide a las autoridades impidan que haya impunidad en el caso del linchamiento de dos encuestadores en el municipio de Ajalpan, en Puebla.

Y es que la impunidad fomenta conductas indeseables, y propicia que la comunidad tenga respuestas violentas generalizadas, aparentemente justificadas por una percepción de indefensión ante la ausencia de la protección que debe garantizar el Estado.

“No podemos ni debemos, bajo ninguna circunstancia, acostumbrarnos a la barbarie y a la violencia; debe aplicarse la ley y garantizar que prevalezca el Estado de derecho”, refiere el político poblano del PRD.

Considera que hechos como los ocurridos el mes pasado en ese municipio poblano son expresiones de la tensión acumulada y de desesperación en un marco de degradación social; pero también representan riesgos adicionales a la violencia delictiva; lo cual no es asunto aislado.

Concentran los linchamientos: el Distrito Federal y los estados de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. Para el legislador: lo que se vivió en Ajalpan representa un fuerte llamado de atención. Son hechos que demuestran el grado de descomposición social al cual puede llegarse si no se toman las medidas necesarias para evitar que sucesos como este se presenten nuevamente”. Es ahora, o nunca más…

De por sí no alcanza… Senadores del PAN hicieron un llamado para que el Ejecutivo federal establezca de manera urgente canales de diálogo de alto nivel con el gobierno y Congreso de Estados Unidos, a fin de revertir el recorte presupuestal de la Iniciativa Mérida y se busque fortalecer este mecanismo de cooperación.

Con un punto de acuerdo que presentaron en la sesión del 27 de octubre pasado, piden un informe de las recomendaciones que han emitido diversos organismos internacionales al Estado mexicano, en materia de violaciones a los derechos humanos.

La propuesta suscrita por Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Conforme a un informe del Departamento de Estado al Congreso de esa nación, se decidió retener el 15 por ciento de los fondos para México, hasta que reciba un informe sobre el cumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Los panistas anotan que dicho monto asciende a cinco millones de dólares, los cuales han sido reprogramados para tareas de erradicación de cocaína en Perú. Refieren que en 2010, en México se aprobaron leyes en materia de protección a los derechos humanos que inhibieron que el Departamento de Estado y el Congreso de EU retuvieran el 15 por ciento de recursos a la iniciativa Mérida.

Pero en el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2014, publicado en junio pasado, se destacan significativos problemas en materia de derechos humanos en nuestro país, especialmente la persistente “impunidad” y la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos”.

Días después de la difusión del Informe, 82 miembros de la Cámara de Representantes de EU enviaron una carta al secretario de Estado, John Kerry, para exigirle “haga de la defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con México”.

Para la Oficina para Asuntos de América Latina en Washington, dicha decisión refleja la gravedad de la situación de derechos humanos en México, y la frustración del gobierno estadounidense ante la falta de voluntad para investigar y sancionar a los responsables de tales violaciones.

Ante este escenario, los legisladores propusieron exhortar al Ejecutivo Federal para que, en un plazo no mayor a 30 días, remita un informe detallado sobre el número de recomendaciones que ha recibido por violaciones a los derechos humanos de 2012 a la fecha, el grado de avance y/o cumplimiento de las mismas.

Así, piden que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación establezcan con carácter urgente canales de diálogo de alto nivel con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, para revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida. Y qué decir de la impunidad criminal…

 

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