Comisiones investigadoras, entorpecen, caso Iguala, Normalistas, Septiembre

Comisiones investigadoras, entorpecen, caso Iguala, Normalistas, Septiembre

Comisiones investigadoras entorpecen caso Iguala

Comisiones investigadoras entorpecen caso Iguala

Averígüelo Vargas. Por: Enrique Vargas Orozco.

Averígüelo Vargas. Por: Enrique Vargas Orozco.En lugar de avanzar el caso Iguala se enreda y burocratiza con tantas comisiones “investigadoras”.—Ya pasó más de un año de esos lamentables hechos y no hay ninguna conclusión diferente a la que ofreció la PGR.

Más que avanzar en la investigación y el esclarecimiento de lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado, la situación tiende a complicarse y vale decir que hasta burocratizarse, porque ya son tantas las instancias, grupos, comisiones y dependencias que intervienen en el caso, que en conjunto sólo generan confusión y dan la impresión de que ninguna avanza, porque sólo se estorban, se entrecruzan, además de duplicar o triplicar las acciones que desarrollan.

La investigación la inició la Procuraduría de Justicia de Guerrero, que encabezaba Iñaki Blanco, en el gobierno de Ángel Aguirre,  pero al advertirse la participación de la delincuencia organizada el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), que en poco más de tres meses ofreció una primera conclusión de las investigaciones, según la cual los normalistas fueron atacados por la policía municipal cuando llegaron a las terminales de autobuses a secuestrar unidades y se supone que fueron confundidos con integrantes del grupo contrario de Los Rojos, que opera en Chilpancingo, sobre todo ahora que ha quedado claro que uno de los camiones secuestrados llevaba supuestamente una carga de drogas que iba a Chicago.

Con el supuesto de que eran rivales, el jefe de grupo Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, dio instrucciones a “El Gil” para que los eliminara, para los cual los policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a los sicarios a los normalistas secuestrados, quienes los llevaron al basurero de Cocula, donde habrían sido asesinados e incinerados para desaparecer los cuerpos.

Hasta ahora esa es la única versión existente, porque ni los enviados de la CIDH, que integran la GIEI, ni los llamados expertos argentinos han podido ofrecer otra versión de los hechos, aunque se han dedicado a descalificar la versión oficial, que es la única que se mantiene hasta ahora y que ha sido confirmada con la identificación de dos de los restos enviados a la Universidad de Insbruck de Austria, como pertenecientes a dos de los normalistas desaparecidos.

Los integrantes de la CIDH han actuado irregularmente, ya que el estatuto de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que forman parte, establece que el secretario general no puede desarrollar ni impulsar y menos encabezar una investigación en su país de origen, sobre violación de los derechos humanos, porque eso obviamente se prestaría a darle una orientación política especial, según sus preferencias o fobias políticas, pero eso es lo que hace Emilio Álvarez Icaza, que encabeza ese organismo de derechos humanos y quien ha intervenido directamente en las acciones que han desarrollado y especial,mente en la orientación política que le ha impuesto.

Ya serían tres instancias las que intervienen en la investigación, la PGR, la CIDH, através del GIEI y el grupo de expertos argentinos, pero a esos se han agregado dos comisiones legislativas, la que designó el Congreso de la Unión, que ya ha hecho algunas gestiones al respecto, y la comisión que creó el Congreso del Estado de Guerrero, cuyos integrantes también anunciaron que intervendrán y harán algunas entrevistas e investigaciones por su cuenta.

A eso hay que agregar a Tlachinollan, que se ha autodesignado representante del grupo de los padres de los desaparecidos, aparte de los voceros, los cetegistas y ayotzinapos.

Todos ellos, lo que han hecho ha sido aprovecharse del dolor y la desgracia de los normalistas muertos y los desaparecidos para atribuirse los créditos de la presión que han hecho sobre las autoridades, sin que por eso hayan logrado que se obtengan resultados diferentes de la indagatoria correspondiente.

Ya se cumplió un año y diez días de los hechos de Iguala, sin que desagraciadamente pueda decirse que hay alguna posibilidad de que los estudiantes fueran encontrados con vida, como reclaman los padres.

Por otra parte, se insiste en que se interrogue a los militares que estaban esa noche en Iguala, lo que ya hizo la PGR, pero pretenden también hacerlo los representantes de la CIDH, a lo que se negó el secretario de la defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, porque advierte que el interrogatorio ya lo hizo la procuraduría federal y por lo mismo no procede que un grupo de extranjeros pretenda cuestionar a los militares mexicanos que están sujetos a una disciplina castrense, que no permite que gente de otras naciones quiera venir a investigarlos, cuestionarlos y hasta pretender inculparlos.

YA PASÓ MÁS DE UN AÑO y la única versión que se mantiene es la que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en su calidad de titular de la PGR, mientras que los argentinos y los integrantes de la GIEI de la CIDH, todos ellos “expertos”, no han podido ofrecer una versión diferente, alternativa de la que se conoce, pero se mantienen en sus posiciones de rechazar la versión oficial, para lo cual reclaman seguir las investigaciones, que son pagadas por el gobierno mexicano.

Lo único que han hecho todos esos  “expertos”, ha sido cuestionar la investigación y las conclusiones de la PGR, pero ellos no han aportado nada diferente, si acaso algunos detalles de la forma en que sucedieron los hechos, pero que no cambia la conclusión oficial.

HABRÁ QUE VER CUÁNTO tiempo más esperan los grupos extranjeros mantenerse en esa línea de hacer investigaciones de algo, que todo indica, no da para más.

Sería lo más deseable que efectivamente los normalistas no estuvieran muertos ni incinerados, pero las posibilidades en ese sentido son mínimas, de hecho, inexistentes.

Mientras, la CIDH, la GIEI y los expertos argentinos siguen buscándole, pero sin que logren avances reales.

Lo mismo, Tlachinollan, se niega a soltar el caso, porque hasta ahora es el que les ha resultado más productivo, pero ni ellos ni nadie está en posibilidades de cambiar lo que realmente ocurrió, como lo demostró la PGR.

Ahora, lo único que procede es aplicar el mayor castigo posible a todos los presuntos responsables detenidos y los que falta por aprehender.

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